Cuando un gobierno cruza una línea roja y normaliza el uso de decretos o mayorías absolutas para controlar un órgano que debería ser de consenso como el caso de la televisión pública, el siguiente gobierno rara vez vuelve voluntariamente a la moderación. Al contrario, suele entrar con la mentalidad de "si ellos lo hicieron y cambiaron las reglas para controlarlo, ahora nos toca a nosotros equilibrar la balanza". Peligroso precedente.
La televisión pública ha pasado a
convertirse en un botín de guerra intermitente, hoy día más que nunca,
perdiendo por el camino su razón de ser. Lo más sangrante es que toda esa
basura ideologizada al servicio de los partidos políticos lo pagamos con nuestros
impuestos, como todos los desmanes que llevan a cabo al amparo de esta
partitocracia.
El poder no lo tiene el pueblo,
lo tienen los partidos. El pueblo vota una lista cerrada impuesta por los
dirigentes, el pueblo paga y asume las consecuencias de lo votado como borregos
mansos. Están aleccionados para yacer en el redil y la herramienta de la radiotelevisión
pública es fantástica para tal propósito, así pues, unos y otros la utilizarán
para tal fin. La radiotelevisión pública murió si es que vivió alguna vez, pero
nos sigue costando el dinero, nos lo siguen robando impunemente y lo que resulta
más grotesco, con el consentimiento de una gran mayoría que cree vivir en una
democracia.
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